Este es un extracto de la conclusión a la que llegue como parte de un trabajo de tutorías de mi clase de derecho municipal, en la que se nos pidió hacer un análisis del proyecto de Constitución entregado a la Asamblea Nacional Cosntituyente por la Comisión de juristas de la CONESUP, en materia de descentralización.
"El clamor por autonomías puede tener resultados positivos en la medida que ciertas competencias sean irremediablemente transferidas; competencias que de manera real y efectiva se encarguen del bienestar de la comunidad. Las competencias enumeradas en el Artículo 290 del proyecto son las que los gobiernos seccionales deben preocuparse por solicitar y atender.
Los gobiernos seccionales no pueden ser, bajo ninguna circunstancia, usados como “plaza de negocios”, sino como herramientas para servir al pueblo. La misma Ley Orgánica de Régimen Municipal cuando nos habla de la finalidad de todo Municipio en su artículo 1, expresa “… cuya finalidad es el bien común local y, dentro de este y en forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad…” A la cabeza de estos moldes conceptuales se encuentran, gobiernos seccionales que “aparentan” tener gran éxito, pues las competencias solicitadas por ellos, y los campos de acción de su administración, van hacia objetivos que no tienen resultados sociales, sino financieros. Demostrando eficacia en su actuar, ganan popularidad mediante un sistema de manipulación de masas, realizado ante un fraude concertado, que no se revela, y dejando las expectativas de cambio de la ciudadanía, en suspenso.
Recalcaría que, a nuestro criterio, el más importante aporte que el nuevo proyecto hace, es en la estructura orgánica de los gobiernos seccionales y su conformación por los diversos sectores sociales y territoriales de una comunidad. Estos aportes democráticos en la conformación de estos organismos garantizan, en gran parte, administraciones más equitativas y justas para las poblaciones involucradas en los respectivos procesos.
Más allá de eso, cualquier estructura que el Ecuador pueda llegar a adoptar para su organización territorial administrativa, tiene un gran potencial si es que está incluida una reforma que garantice representación para todas las esferas de una comunidad. Una estructura eficiente de administración no se garantiza con un determinado sistema u otro, sino con la participación de todos los sectores de la sociedad trabajando para un solo objetivo, que debe ser, siempre, atender las necesidades básicas de los pueblos. Es decir, ¿de que le sirve al pueblo, que haya adoquines y palmeras en sus calles, si no tienen acceso a una educación de calidad, si se enferman y no tienen acceso a un servicio de salud apropiado? Soñamos con un país que se organice a través de gobiernos seccionales encargados siempre del bienestar ciudadano en todos sus aspectos, y que sea lo suficientemente cercano a ellos para conocer sus predicamentos al detalle.
La democracia no puede ser una “innovación” en pleno siglo XXI. Es a este extremo que los poderes constituidos han llevado al país durante los últimos 176 años de gobierno."
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